El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó el lunes 7 de octubre de 2025 una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto abuso de autoridad. La medida, radicada bajo el artículo 248 del Código Penal argentino, se basa en declaraciones que Milei realizó en una entrevista televisiva emitida por La Nación+ el domingo anterior.
Contexto político y legal en Argentina
Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, Milei ha adoptado una postura confrontativa con la oposición, especialmente con la vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien lidera el bloque del Frente de Todos en el Congreso. La Constitución Nacional establece la separación de poderes como pilar esencial; cualquier intento de un jefe de Estado de influir en decisiones judiciales se considera una infracción grave.
En los últimos meses, la tensión se ha intensificado por la polémica alrededor de José Luis Espert, candidato oficialista para la lista de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Espert renunció después de que surgieran investigaciones que lo vinculan a un presunto narcotraficante, lo que dejó al oficialismo en una posición vulnerável.
Detalles de la denuncia y argumentos legales
Dalbón argumentó que la frase pronunciada por Milei —"Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa"— no es mera retórica política, sino una admisión de intención de interferir en la independencia del poder judicial. Según el artículo 248, cualquier funcionario que dicte resoluciones contrarias a la Constitución o a la ley puede enfrentar prisión e inhabilitación. Además, la denuncia invoca el artículo 366, inciso b, del Código Procesal Penal Federal, que permite la revisión de sentencias cuando se demuestre que un jefe de Estado influyó indebidamente en un proceso.
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal incluye la transcripción literal de la entrevista, la cual se emitió a las 20:30 hs y reunió una audiencia estimada de 1,2 millones de televidentes. La denuncia también señala que Milei, al referirse a la posible encarcelación de la vicepresidenta, se atribuye una facultad que corresponde exclusivamente a los tribunales.
Reacciones de los protagonistas
El presidente Milei, tras la publicación de la entrevista, defendió sus palabras como parte de un discurso “de combate político”. En una rueda de prensa el martes, sostuvo que "no ha habido ninguna orden judicial, sólo una muestra de que estoy comprometido con la ley".
Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, calificó las declaraciones como "gravísimas" y advirtió que "el uso del poder contra la oposición compromete la democracia y nuestras instituciones".
Varios juristas de la Universidad de Buenos Aires, entre los que destaca la profesora de derecho constitucional Ana María Ruiz, coincidieron en que la acusación reviste gravedad. "Si el presidente reconoce que decide la prisión de una figura política, estamos frente a un atentado directo a la independencia judicial", señaló Ruiz en un programa de la radio AM 750.
Implicaciones para las elecciones legislativas
Las elecciones del 26 de octubre se acercan y el clima está marcado por escándalos y acusaciones cruzadas. La denuncia contra Milei podría convertirse en un punto de inflexión para el oficialismo, que busca recuperar terreno después del golpe mediático provocado por la caída de Espert.
Los analistas de la consultora Poliarquía estiman que el caso podría reducir la intención de voto del oficialismo en un 2‑3 % en la provincia de Buenos Aires, un territorio decisivo que aporta más del 30 % de los diputados nacionales.
En tanto, la coalición del Frente de Todos ha anunciado que hará uso de la denuncia para reforzar su discurso de defensa institucional, prometiendo que "ningún mandatario está por encima de la ley".
Antecedentes y posibles escenarios futuros
Argentina ha vivido episodios similares en la década de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem fue investigado por presuntas interferencias judiciales. Aquellas causas terminaron sin condenas, pero dejaron una huella profunda en la percepción pública sobre la separación de poderes.
Si el juzgado decide admitir la denuncia, Milei podría enfrentar una audiencia preliminar en la que se evaluará la existencia de pruebas suficientes para proceder a un proceso penal. En caso de confirmarse la acusación, el presidente enfrentaría una posible suspensión del cargo, aunque la Constitución no contempla una vía directa para destituir a un mandatario en ejercicio por delito penal sin pasar por el Senado.
El escenario más probable, según el experto en política argentina Diego Lema, es que el caso se prolongue durante el periodo electoral, convirtiéndose en una pieza de presión política más que en un proceso judicial definitivo: "El proceso judicial será la arena donde los partidos pelean narrativas, y el resultado dependerá tanto del clima social como de la estrategia de los medios".
Preguntas frecuentes
¿Qué implica legalmente una denuncia por abuso de autoridad contra el presidente?
La denuncia, basada en el artículo 248 del Código Penal, puede acarrear prisión e inhabilitación si se comprueba que el presidente dictó una orden contraria a la Constitución. Además, el artículo 366 permite revisar sentencias influenciadas por un jefe de Estado, lo que podría derivar en la anulación de decisiones judiciales y, en casos extremos, en la remoción del cargo mediante el proceso constitucional de juicio político.
¿Cómo afecta este caso a la campaña electoral del 26 de octubre?
El caso añade un nuevo tema de debate que el Frente de Todos está usando para criticar al oficialismo. Las encuestas indican que la percepción de abuso de poder puede disminuir el apoyo al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, pero también moviliza a los simpatizantes de Milei que ven la denuncia como un ataque político.
¿Qué dice la Constitución sobre la interferencia del presidente en la justicia?
El artículo 5 garantiza la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Cualquier intento del Ejecutivo de influir en decisiones judiciales contraviene este principio y puede ser sancionado penalmente, como establece el artículo 248 del Código Penal.
¿Qué papel juegan los medios, como La Nación+, en este proceso?
Los medios actúan como testigos al difundir la entrevista que originó la denuncia. La cobertura de La Nación+ y otros canales ha amplificado la polémica, lo que presiona a las autoridades judiciales a responder rápidamente para garantizar la credibilidad del sistema.
¿Qué posibilidades hay de que el presidente sea juzgado mientras está en el cargo?
Aunque la legislación permite iniciar un proceso penal contra cualquier funcionario, la destitución definitiva requiere la intervención del Senado. Mientras tanto, el juez puede ordenar medidas cautelares, como la suspensión temporal de funciones, si considera que la acusación compromete la gestión del Estado.
Sebastian San Martin
octubre 7, 2025 AT 23:17¡No pueden ni imaginar la magnitud de esta ultrapotencia que está destruyendo la democracia, es un atropello sin cuartel y la gente se queda mirando como si nada!