El caso de la congresista Catalina Pérez ha tomado un giro significativo después de que la Corte Suprema de Chile decidiera por unanimidad retirar su inmunidad parlamentaria. Esta decisión, emitida el 7 de abril de 2025, permitirá que los fiscales persigan formalmente cargos en su contra por su supuesta participación en el escandaloso caso Democracia Viva. Este caso implica un presunto fraude que se afirma involucró el desvío de $426 millones destinados a viviendas públicas.
El tribunal más alto del país respaldó la decisión anterior tomada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2025. Lo destacable de esta decisión es que abre la puerta para que la Fiscalía solicite medidas cautelares adicionales, como la detención preventiva, una vez que se presenten los cargos formalmente. Aunque Pérez temporariamente perderá ciertos privilegios legislativos, como el derecho a voto, seguirá recibiendo su salario como congresista.
Presunto Fraude y Alegatos
Las acusaciones giran en torno a que Pérez habría facilitado un contrato fraudulento que benefició a la fundación gestionada por su entonces pareja Daniel Andrade, junto con un exasistente, Carlos Contreras, quien en ese momento dirigía la Oficina de Vivienda de Antofagasta. Según las acusaciones, Pérez habría recomendado personalmente a Andrade, pese a que la fundación no cumplía con los requisitos para manejar el acuerdo.
La defensa de Pérez ha sido firme al argumentar que no existe evidencia directa que la vincule a estas actividades delictivas. Sin embargo, las investigaciones en curso han reunido auditorías financieras, testimonios de testigos, evidencia digital y otros elementos que podrían constituir cargos por fraude al estado. Esta colección de pruebas será crucial para el desarrollo del caso, especialmente en tribunales.
A pesar del revuelo mediático y político, la defensa de Pérez reiteró que la eliminación de su inmunidad no es una admisión de culpabilidad. Al contrario, han subrayado que Pérez está dispuesta a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos. Este caso no solo pone bajo la lupa a una de las figuras políticas más prominentes, sino que también plantea preguntas sobre la integridad de los procedimientos en torno a los contratos gubernamentales en Chile.
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